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La fiebre urbanística que sigue vigente en la provincia, no sólo en municipios del litoral sino sobre todo en los del interior, también se ha trasladado al mercado inmobiliario. Miles de millones de las antiguas pesetas se están pagando en la actualidad por grandes fincas rústicas (con o sin suelo protegido y de especial valor valor paisajístico) en numerosos municipios alicantinos.

Aunque podría parecer que esas transacciones tienen como finalidad la futura construcción de casas y chalés, en la inmensa mayoría de los casos esas compras de suelo rústico no urbanizable tiene como objetivo el cumplimiento de la legislación urbanística vigente desde el pasado 1 de febrero.

La Ley Urbanística Valenciana (LUV) obliga a los promotores que quieren que los ayuntamientos y la Conselleria de Territorio y Vivienda les aprueben sus planes urbanísticos a ceder a la Administración autonómica suelo rústico y de especial protección paisajística por una cantidad equiparable a la que se quiera reclasificar.

Este diario ya informó el pasado mes de abril de que la nueva y no menos controvertida Ley Urbanística Valenciana (LUV), vigente desde el 1 de febrero, estaba provocando un efecto directo sobre la compraventa de fincas rústicas de especial protección. Las operaciones se multiplicaban, en algunos casos con valores multimillonarios, debido a su eventual uso por los promotores de viviendas.

RevalorizaciónLos planes de ordenación urbana de la mayoría de pueblos del interior alicantino contemplan suelo rústico no urbanizable protegido, que se corresponde casi siempre con el considerado, a efectos de la catalogación de la Conselleria de Agricultura, como forestal, al tener monte bajo o boscosa, especialmente de pinos.Estas operaciones se desarrollaron entre el último trimestre del año 2005 y mitad del año en curso en municipios como Castalla, Tibi, Jijona, Alcoi, Penáguila, Benilloba, Banyeres, Onil, Ibi y algunos otros de la mitad norte, incluso en pequeños municipios de la Vall de Seta. El propio Colegio de Arquitectos Técnicos de Alicante advirtió a mediados de año, en su boletín informativo, de que el suelo no urbanizable se iba a revalorizar en toda la provincia precisamente como consecuencia del nuevo imperativo legal de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (LOTPP).

La ley establece que será cedida una cantidad idéntica a la reclasificada, de acuerdo con lo previsto en la LOTPP, otra normativa vigente desde hace pocos meses e impulsada por el conseller Rafael Blasco en la presente legislatura. Una de las principales operaciones la cerró, precisamente, el subsecretario de Urbanismo, el alcoyano Ramón Doménech, el cual adquirió a una entidad religiosa 40 hectáreas.

La verdad de Alicante - 30/10/2006